Cristina Cortinas[1]
Contenido
Resumen
Es indudable y está documentada la contribución que ofrece el Sistema Nacional de Protección Civil para prevenir y mitigar los efectos que derivan de fenómenos naturales como sismos, vientos huracanados e inundaciones. También lo está la de los programas gubernamentales, particularmente los federales dirigidos a combatir la pobreza y el hambre, que apoyan al Sistema en la fase de atención y recuperación de las comunidades afectadas por tales desastres, para lo cual se cuenta –además- con el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
No menos importante es contar con un marco normativo en continuo fortalecimiento, para –entre otros- regular la construcción de viviendas en las que se busca reducir su vulnerabilidad a dichos fenómenos, como la aplicable a la prevención o mitigación de daños ocasionados por sismos y vientos. Igual ocurre con la normatividad que se desarrolla para lograr la adaptación al cambio climático y construir viviendas sustentables desde la perspectiva de consumo de energía, agua y aprovechamiento de materiales con enfoque de ciclo de vida para evitar la generación de residuos sólidos.
Aunado a ello, son notorios los avances científicos y tecnológicos que se han logrado en el país, con la participación de múltiples instituciones de investigación y educación superior (en algunos casos mediante convenios como el establecido entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de Vivienda), en todo lo que respecta al soporte para la construcción de viviendas y comunidades sustentables. En ellos se ha basado en parte el desarrollo de los programas gubernamentales de diferentes secretarías que ofrecen créditos para ese fin a ciudadanos, trabajadores, pequeñas y medianas empresas, a manera de ejemplo.[2]
No obstante lo anterior, los recientes sismos del mes de septiembre de 2017, hicieron patente ante la simultaneidad de poblaciones afectadas, que todos esos recursos y capacidades mencionados no han sido suficientes para que quienes vieron destruidas sus propiedades y no acudieron a albergues en ciudades, poblados, zonas rurales y costeras, pudieran contar con el acceso inmediato a algunos satisfactores básicos o mínimos para abrigarse bajo techo y encontrar respuestas tranquilizadoras respecto a los apoyos que se les ofrecerán para reconstruir dichas propiedades, reconstituir su mobiliario esencial y/o recuperar formas de subsistencia en el corto plazo.
Por tales circunstancias y dada la impresionante participación de la sociedad civil, de trabajadores, empresarios, profesionistas diversos y otras instancias no gubernamentales, en la fase de rescate tras los sismos, surge la idea de que es preciso que tal voluntad de servicio y energía no se desvanezca, sino se canalice en formas más sostenidas de apoyo que se extiendan en la fase de reconstrucción.
Es a esto último que obedece el presente conjunto de ideas que se plantean para alcanzar el objetivo de “contar con el apoyo social sostenido en la fase de preparación para y actividades colectivas de reconstrucción posterior a los desastres, que reflejen con equidad las preocupaciones e intereses balanceados de la sociedad civil y de los afectados por ellos, en complemento a las acciones gubernamentales y extensión de las que ya han venido realizando entidades y personas de los sectores social, académico y privado”.
Qué deberá caracterizar la intervención social voluntaria en relación con la reconstrucción ulterior a un desastre
- Que en todo momento dicha intervención refleje los intereses de la ciudadanía y de las poblaciones afectadas, a partir de una perspectiva de equidad de género, para estar en capacidad de contribuir a satisfacer las necesidades de grupos poblacionales de escasos recursos, de manera informada, organizada, sostenible, oportuna y flexible, desde la fase de planeación de los preparativos, hasta la etapa de reconstrucción tras un desastre y de manera complementaria a las intervenciones gubernamentales.
- Que dicha intervención se base en el conocimiento de los requerimientos que surgen en el periodo de recuperación y de la multidimensionalidad socio-cultural, económica, tecnológica, sanitaria y ambiental con la cual debe abordarse la reconstrucción de las viviendas sociales y del hábitat de las comunidades en las que ocurren un desastre natural.
- Que la participación social voluntaria se realice dentro de los causes legales que rigen las cuestiones relacionadas con el Sistema Nacional de Protección Civil, la planeación de las acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, el cuidado de la salud, al ambiente y la prevención y gestión integral de los residuos, entre otros. Pero que a la vez ofrezca la flexibilidad que tienen los grupos sociales interesados para ofrecer su ayuda de manera rápida a quienes lo necesitan sin impedimentos burocráticos.
- Que dicha participación se sistematice, registre, evalúe y de pie al desarrollo de una cultura social nacional, reflejada en el sistema educativo, que caracterice a la población mexicana proveyéndola de conocimientos, mecanismos, estrategias y canales para expresar su solidaridad con quienes al vivir en condiciones de pobreza son los más vulnerables en caso de desastre.
Qué modelos de intervención social organizada pueden servir de referencia
Para tener una idea de cómo organizar la participación social para facilitar oportunamente a los necesitados el acceso a materiales de construcción, bienes básicos y fuentes de empleo (complementarios a los cubiertos en los programas gubernamentales de empleo temporal, de combate a la pobreza y de recuperación ante desastres), para hacer frente al periodo de reconstrucción tras un desastre, se describirán a continuación las características y evolución de los bancos de alimentos. Así mismo, se mencionarán ejemplos de contribuciones del sector empresarial que están teniendo lugar para sumarse a los esfuerzos de reconstrucción con motivo de los sismos de septiembre 2017, que podrían encausarse tomando en cuenta lo considerado en este documento.
Los bancos de alimentos en México
Desde hace 21 años existe un programa llamado Banco de Alimentos, cuyo objetivo es recuperar alimentos perecederos y no perecederos en condiciones adecuadas para el consumo, para evitar desperdicios y apoyar a una mejor alimentación de personas en situación vulnerable, el cual se creó por iniciativa de la organización Cáritas.[3] Este banco de alimentos funciona como una comunidad basada en la organización de la recolección de alimentos de diferentes fuentes, para ser guardadas en almacenes para su distribución a las familias con hambre. En México, una de cada cuatro personas está en situación de pobreza y sufre alguna carencia alimentaria; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, define en situación de pobreza extrema a todas las personas que tienen tres o más carencias sociales y perciben un ingreso total inferior al costo de la canasta básica alimentaria[4].
Bancos de Alimentos de México es una asociación civil mexicana que cuenta actualmente con más de 60 puntos de distribución en el país y atiende a 1.3 millones de las 27 millones de personas que tienen carencia alimentaria. Su labor ha permitido el rescate, en 2014, de 117 millones kilos de alimento aptos para el consumo humano.
De acuerdo con la página electrónica de Cáritas: para lograr su objetivo, el programa se apoya en voluntarios, en la donación de dinero y de alimentos. Sus tres fuentes principales incluyen a la Central de Abasto, de donde provienen las frutas y verduras; los supermercados, así como las empresas de la industria alimentaria que contribuyen con comida no perecedera que -lamentablemente- ha sufrido golpes o roturas, por ejemplo, una bolsa de arroz o botellas de aceite perforadas. Con estos insumos, los voluntarios forman paquetes con valor nutrimental, para posteriormente enviarlos a los beneficiarios. Cabe destacar que los paquetes tienen una cuota de recuperación que permite continuar financiando las actividades operativas y administrativas. Este costo es inferior al de la canasta básica y puede oscilar entre los 300 y 700 pesos.
| Las Cáritas de México Unidas y articuladas para la acción en favor de los damnificados por sismos y huracanes ocurridos en septiembre 2017 |
| Durante la reunión de directores y representantes de Cáritas de 15 estados de la República se explicó que los próximos 6 meses, las familias que se quedaron sin hogar tras los sismos y huracanes dormirán en la intemperie y, por lo menos, pasarán 1 o 2 años para que puedan recuperar lo perdido.
Bajo convocatoria de Mons. Alfonso Miranda, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los asistentes escucharon el reporte del P. Rogelio Narváez, Secretario Ejecutivo de CEPS-Cáritas Mexicana, y su equipo con respecto a la situación de emergencia. Tan sólo en Oaxaca hay por lo menos 70 municipios afectados, explicó el presbítero, de los cuales las fuentes de trabajo, como la pesca, se terminaron. “Es la expresión del espíritu de pobreza que anima la vida de un grupo, en el cual se unen esfuerzos, se ponen en común los recursos: capacidades, habilidades, experiencias, responsabilidades, trabajos, bienes. Animar la solidaridad, implica infundir, a las reacciones espontáneas de ayuda ante las desgracias, la capacidad de ayudar sin hacer daño” explican en el documento entregado en la reunión. Finalmente, los participantes se comprometieron a estar en constante comunicación con los avances de lo planteado, así como enviar los reportes de la ayuda a las Cáritas. La Cáritas Mexicana, por su parte, ofrecerá información útil para que los reportes de avances puedan realizarse de forma correcta. 2 de octubre 2017 http://www.caritas-mexico.org.mx/ |
Respuesta del sector empresarial ante los sismos de septiembre 2017
Los empresarios crearon el fideicomiso Fuerza México para obtener recursos para la reconstrucción. Se busca “recibir donativos y multiplicarlos para tener mayor penetración en casas y viviendas donde al gobierno no le vaya a alcanzar en sus programas”, informó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.[5]
Luego de que diversas organizaciones del sector privado anunciaron la creación del fideicomiso Fuerza México para apoyar las acciones de reconstrucción en las zonas afectadas por los recientes sismos, la Secretaría de Hacienda informó que a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó, mediante la publicación de una regla, la posibilidad de que las donatarias puedan realizar donativos a otras organizaciones similares, aun cuando esta acción no esté contemplada dentro de su objeto. La regla será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación.
El fideicomiso fue constituido en Nacional Financiera y su propósito es agrupar todos los donativos que realicen personas, organismos privados, organizaciones sociales y empresas del país o extranjeras para apoyar la reconstrucción en la CDMX, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero.
El fideicomiso será administrado por un comité directivo conformado por líderes empresariales como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña y el de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, entre otros.
Por su parte, la Fundación Carlos Slim anunció una campaña de donación por sismo, por medio de la cual la empresa aportará cinco pesos por cada peso que la sociedad done.
Prevención del Ciclo de Reproducción del Riesgo Post-desastre
Las viviendas y su hábitat son objeto de los peores efectos y consecuencias de los desastres. Por la implicación social y humana de sus daños, la falta de articulación de las diferentes dimensiones del hábitat que deben ser tenidas en cuenta en la reconstrucción, puede traer consigo -según estudios realizados en comunidades afectadas por desastres- lo que se denomina el “Ciclo de Reproducción del Riesgo en la recuperación posterior al desastre”.[6]
Ciclo de Reproducción del Riesgo Post-Desastre
Es por ello que se plantea la necesidad de tomar en cuenta las consideraciones culturales locales en las decisiones relativas a la reconstrucción post-desastre del hábitat popular tradicional.
A partir del seguimiento a mediano y largo plazo del resultado de las políticas, estrategias y acciones emprendidas para la recuperación de las ciudades y los asentamientos que han sufrido las consecuencias de desastres naturales, se han establecido las principales dimensiones de la reconstrucción post-desastre siguientes, que se recomienda tomar en consideración en México en el marco de esta propuesta de participación social organizada.
| Principales dimensiones de la reconstrucción post-desastre | ||
| Dimensión | Objeto | Variables identificadas en esta dimensión social y cultural |
| Social-cultural
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Persigue que la reconstrucción post-desastre de la vivienda y el hábitat logre una real activación del protagonismo de los individuos, la familia y la comunidad local en las acciones que se emprendan en el contexto local para la recuperación, tanto en la toma de decisiones que involucran al ámbito socio-comunitario, como en la capacidad de auto-gestión de la población, a la vez que se armonice con la identidad social y cultural local, regional y nacional. | • Apropiabilidad de la nueva vivienda post-desastre al perfil sociológico local.
• Protagonismo participativo de la población local en la recuperación del hábitat. • Respeto por la cultura local en la reconstrucción del medio construido. • Enfoque de género y atención a grupos en desventaja social de las acciones. • Respeto por las aristas socio-culturales de la relocalización post-desastre de asentamientos.
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| Económica
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La dimensión económica no puede de dejar de actuar en la intervención post-desastre, dando lugar a que la misma contribuya a la sostenibilidad económica local, tanto para las instituciones y organizaciones estatales de la localidad, como en la factibilidad de activar un cofinanciamiento por la población de las acciones de recuperación post-desastre del hábitat construido, en condiciones asequibles a la economía familiar, de tal manera que permita reducir la carga presupuestaria al gobierno local, de las regiones y del país. | • Bajos costos y asequibilidad de la vivienda post-desastre a los beneficiarios.
• Esquemas de financiamiento progresivo por la población y sus organizaciones. • Minimización de la inversión de recursos externos a la localidad y al país. • Activación económica local mediante la generación de empleos en las tareas de reconstrucción. • Respeto por los problemas de economía local y familiar en la relocalización post-desastre de asentamientos.
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| Tecnológica
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La dimensión tecnológica es una de las más presentes en la práctica recuperativa post-desastre, aunque es esencial que en la misma se logre apropiabilidad con las características y posibilidades técnicas y materiales comunes a las condiciones tecnológicas y económicas de la localidad, el territorio y el país y permitan una efectiva mitigación del riesgo existente de desastre y prevención del mismo ante amenazas y peligros recurrentes. | • Uso de materiales y productos locales en la reconstrucción de la vivienda y el hábitat.
• Adaptabilidad al contexto local de las técnicas y materiales empleados. • Compatibilidad de las tecnologías de reconstrucción con la cultura local. • Apropiabilidad local y consolidación sostenible de las técnicas y materiales empleados en la recuperación de la vivienda. • Fomento del uso de mano de obra local e intensiva en los trabajos técnicos de recuperación post-desastre. • Reutilización de desechos y materiales resultantes del desastre. • Evitación de la reproducción del riesgo.
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| Dimensión ambiental
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En la dimensión ambiental, debe ponerse la mira en contribuir a reducir el impacto ambiental de la reconstrucción post-desastre y a lograr criterios de desarrollo sostenible del medioambiente natural y construido de la localidad y el territorio, aprovechando el conocimiento tradicional y local de resiliencia o pervivencia ante las amenazas y peligros recurrentes. | • Racionalidad energética de la vivienda post-desastre.
• Reutilización de desechos resultantes del desastre. • Racionalidad del uso del agua en los trabajos de reconstrucción. • Minimización del impacto ambiental local de los materiales que se empleen en la recuperación. • Racionalidad del uso del suelo, sobre todo en la reconstrucción de ámbitos urbanos.
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Fuente: Olivera, A. y González, G., Enfoque multidimensional de la reconstrucción post-desastre de la vivienda social y el hábitat en países en vías de desarrollo: Estudios de casos en Cuba. Revista de la Construcción Vol. 9 Nº 2 / diciembre 2010 / páginas: 53 – 62. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-915X2010000200006
El enfoque de género en la etapa de recuperación de un desastre
Para los fines que se persiguen en este documento, es indispensable aprender de las lecciones derivadas de la consideración del enfoque de género en la distribución de apoyos a comunidades afectadas por un desastre natural en la fase de reconstrucción. Ejemplo de ello, son las que se refieren a cómo fue percibida desde esta perspectiva la intervención en un desastre ocurrido en Michoacán, de diversas instancias gubernamentales tales como: Empleo Temporal (PET), DICONSA SA de CV "atención a desastres", Hábitat, Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa, Opciones Productivas, además del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que financió la mayoría de los programas aplicados.[7]
En el estudio realizado en Michoacán, se plantea que la opinión de la población fue una característica especial en el trabajo, ya que las valoraciones por lo general no retoman la versión de quienes vivieron directamente la experiencia de ser abatidos por un fenómeno natural, y después como afectados percibir la aplicación de los programas en la etapa de reconstrucción.
Igualmente, en él se considera importante señalar la necesidad de comprender al desastre desde una perspectiva de género, para así entender lo que significa individualmente tal concepto desde la realidad de mujeres y hombres afectados, porque no se puede hablar de una misma definición cuando las vulnerabilidades, el conocimiento sobre la amenaza, la preparación para enfrentar el fenómeno, la respuesta ante la emergencia, el acceso a los recursos en la etapa de reconstrucción, etcétera, son distintas, por lo que el significado de los mismos será muy diferente para féminas y para varones, dependiendo de su experiencia vivida con el desastre.
Para los especialistas en la materia, la importancia de los estudios de desastre con enfoque de género radica en que con ellos se puede explicar la vulnerabilidad económica, social, física y ambiental que presentan las mujeres a diferencia de los hombres, aunque contemplando a ambos como partes integrales de un proceso de desarrollo más democrático y sostenible. Al mismo tiempo se piensa que las mujeres no sólo son víctimas pasivas de los desastres, sino que juegan un rol importante como sobrevivientes, líderes empresarias generadoras de ingresos económicos a los hogares y negociadoras fundamentales en todas las etapas del desastre.
No obstante lo anterior, se ha visto que muchos de los programas fundamentan su asistencia en el modelo "jefes de familia", situación errónea que no considera la asignación femenina. Además, las mismas organizaciones consideran a la mujer como vulnerable y dependiente de los hombres, limitando su participación a los roles habituales en la sociedad. Las mujeres enfrentan un obstáculo más en su busca por recibir algún apoyo social que ayude a la recuperación, ya que son más propensas a buscar asistencia para el núcleo familiar, pero en muchas ocasiones estos entornos son deteriorados por la cultura masculina, que visualiza la ayuda financiera como un estigma que coloca en incertidumbre el rol de proveedor del sustento económico al hogar.
Ante tales circunstancias, se indica que organizaciones internacionales como la Panamericana de la Salud (OPS) hacen referencia sobre cambiar esta errónea percepción, ya que la distribución de los recursos debe permitir a las mujeres tener acceso de manera similar y sin ningún tipo de riesgo, además de ser incluidas como beneficiadas directas en una sociedad patriarcal. Ello debido a que, si los programas continúan sin la inclusión de género debida, seguirán siendo ineficientes y con resultados negativos, que repercutirán en generar mayores conflictos entre hombres y mujeres en la reconstrucción.
Situaciones como las descritas, estarían generando el desarrollo de nuevos roles por parte de las mujeres; además, según los autores del estudio, para las autoridades sería un gran logro el hecho de operacionalizar programas sociales con equidad de género porque aumentaría la capacidad de respuesta en la reconstrucción, y la vulnerabilidad ante futuras amenazas disminuiría considerablemente.
En el caso de la organización ciudadana para su participación sostenida y sustentable en la fase de reconstrucción posterior a un desastre, es imprescindible que se lleve a cabo desde una perspectiva de equidad de género. Aunado a lo cual, y como lo propone el estudio se ajuste su forma de operar, en la cual ya no se debe considerar a la mujer como invisible o neutra; sino por el contrario, como sujeto activo en todas las actividades del proyecto, buscando no sólo mejorar las condiciones económicas de las familias a través del apoyo a las mujeres con las herramientas y mecanismos necesarios, sino crear oportunidades para aumentar su condición de equidad tanto frente a los hombres como en los programas sociales respecto al acceso a la propiedad, recursos y servicios productivos, procesos de participación y espacios de toma de decisiones.
Contribución de la comunidad científica al desarrollo de construcciones y hábitat sustentables
Para tener una idea de la contribución de la comunidad científica de México al desarrollo de construcciones y hábitat sustentables, es referencia obligada el estudio “Edificación Sustentable en México: Retos y Oportunidades”, publicado por la Academia de Ingeniería en diciembre de 2011, en el que se analiza históricamente la evolución de las estrategias para contar con edificios sustentables, con base en soluciones sustentables para sitio y suelo, para la conservación del agua, la eficiencia energética, mitigar impactos ambientales desde el origen de los materiales, garantizar la calidad ambiental en los interiores de los edificios y la innovación.[8] En dicha obra se describen las actividades que realizan en este campo las diversas instituciones públicas y privadas que operan en las diferentes entidades en el país, el papel que ha jugado en CONACYT en los programas de investigación y formación de especialistas en este campo, así como la conformación de la Red Mexicana de Arquitectura Bioclimática (REMAB), en el seno de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
Una mención particular se hace al proyecto La Casa Nueva/La Comunidad Nueva, proyecto de cooperación científica y tecnológica de América del Norte que surge de un programa propuesto por el Grupo de Expertos en Ciencia y Tecnología del Grupo de Trabajo de Energía de América del Norte (GTEAN). Este proyecto aborda la arquitectura bioclimática, las energías renovables y la eficiencia energética en las viviendas y ha puesto de manifiesto el interés de la iniciativa privada y del sector gubernamental en participar en este tipo de proyectos. La “hipoteca verde”, implementada por el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), constituye el instrumento para el financiamiento y la certificación de la vivienda sustentable, que permite promover el ahorro de energía y agua, además del aprovechamiento de las energías renovables y mejorar la calidad térmica de la vivienda mediante el diseño bioclimático.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y los organismos nacionales de vivienda han firmado un convenio para operar el Programa para el Desarrollo Sustentable de Vivienda. Entre las prioridades ambientales se pretende el uso y aprovechamiento sustentable del agua y la energía; el incremento de áreas verdes en los conjuntos; el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y el mejoramiento de los espacios habitables de la vivienda mediante el diseño bioclimático y la aplicación de ecotecnias. En acciones para drenaje destacan la planta de tratamiento de aguas residuales; el sistema de red para aprovechamiento de agua tratada para riego de áreas verdes y el sistema de reciclaje de agua. Para residuos sólidos se propone el equipamiento para la separación y colecta de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y el equipamiento para la producción de composta. Las acciones para las áreas verdes consisten en la donación y sembrado de dos árboles de especies nativas de la región, por cada vivienda construida y la producción de composta y su reutilización en áreas jardinadas. Cabe mencionar que a lo largo del país numerosas organizaciones de la sociedad civil desarrollan actividades de demostración, capacitación y asistencia técnica para la adopción de ecotecnias a nivel comunitario.
Se hace mención a ello en este contexto, para enfatizar como los grupos de investigación que vienen realizando estudios de tiempo atrás en relación con aspectos relevantes para conocer las causas y consecuencias de los desastres naturales y la forma en que el conocimiento científico, tecnológico y social puede contribuir a la adaptación a los nuevos entornos ambientales y a la mitigación de sus efectos, son un ejemplo de la contribución que el sector social y académico hace en este campo. A ello se suma, la gran capacidad de las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo la organización de la movilización social en el momento mismo en que ocurren los desastres y para sumarse a los esfuerzos por salvar vidas y proporcionar apoyo a los grupos de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil.
De manera que las ideas que se exponen en este documento, solo buscan contribuir a catalizar un proceso que conduzca a la constitución de una red de redes de organizaciones sociales, académicas y empresariales, que operen de manera concertada y coordinada en la fase de reconstrucción ulterior a un desastre para brindar un apoyo sostenido y sustentable del sector social a quienes lo necesitan. De manera que, así como existe la red de Bancos de Alimentos de México que opera como una asociación civil, se constituya un sistema similar para facilitar el acceso a asistencia técnica y jurídica, a materiales de construcción apropiados a cada zona del país en la que ocurra un desastre natural, a los bienes básicos mínimos para la recuperación y a facilidades para la creación de fuentes de empleo y de ingresos para las poblaciones afectadas.
Esto último sin perder de vista que formular planes de restauración antes de que ocurra una catástrofe puede ayudar a las personas y a las comunidades a recuperarse más rápido y proteger los avances en materia de desarrollo, así como que una mejor reconstrucción después de un desastre natural tiene relación con la calidad de las nuevas estructuras y también con la participación de las comunidades, especialmente los pobres y vulnerables.[9]
[1] La responsabilidad de las ideas contenidas en este documento son solo de su autora y no constituyen una opinión oficial. Para mayor información consultar la página: www.cristinacortinas.org
[2] Se recomienda la consulta a: David Morillón Gálvez. Edificación Sustentable en México: Retos y Oportunidades. Academia de Ingeniería. 1 de diciembre 2011. http://www.ai.org.mx/ai/archivos/ingresos/morillon/trabajo_final.pdf
[3] Consultar http://www.caritas-mexico.org.mx/ y Argelia Pineda Cruz. Los Bancos de Alimentos en México (y Cómo Podemos Colaborar los Gastrónomos). http://www.elclaustro.edu.mx/claustronomia/index.php/investigacion/210-los-bancos-de-alimentos-en-mexico-y-como-podemos-colaborar-los-gastronomos
[4] Glosario – Coneval. www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
[5] Juntan fondos para la reconstrucción tras sismos
www.lanotadiaria.com.mx Excélsior / Hace 1 semana / Vie, 22 de Sep 2017 9:37 a.m.
[6] Olivera, A. y González, G., Enfoque multidimensional de la reconstrucción post-desastre de la vivienda social y el hábitat en países en vías de desarrollo: Estudios de casos en Cuba. Revista de la Construcción Vol. 9 Nº 2 / diciembre 2010 / páginas: 53 – 62. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-915X2010000200006
[7] Francisco Javier Verduzco Miramón, Alicia Cuevas Muñiz y Elia Serratos Chávez. El enfoque de género en la etapa de reconstrucción de un desastre: análisis de programas sociales aplicados con equidad de género en Angangueo, Michoacán. https://www.redib.org/recursos/Record/oai_articulo687259-enfoque-genero-etapa-reconstruccion-desastre-analisis-programas-sociales-aplicados-equidad-genero-angangueo-michoacan
[8] David Morillón Gálvez. Edificación Sustentable en México: Retos y Oportunidades. Academia de Ingeniería. 1 de diciembre 2011. http://www.ai.org.mx/ai/archivos/ingresos/morillon/trabajo_final.pdf
[9] Banco Mundial. Cómo desarrollar programas eficaces de recuperación tras desastres: Lecciones de países vulnerables. http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/09/10/lessons-in-effective-disaster-recovery-from-vulnerable-countries
