Estimados amig@os,
Se que existen o se están previendo mecanismos públicos, privados y sociales para hacer más rápidos, equitativos, eficientes, transparentes, sostenidos y sostenibles los esfuerzos de diversos sectores para contribuir a la reconstrucción y recuperación de las viviendas y equipamiento mínimo necesario para que las familias y establecimientos dañados por los sismos (o en su caso por inundaciones y otros desastres naturales) puedan volver a la normalidad.
No obstante, quiero compartir con ustedes ideas que puedan facilitar que personas como yo, otros ciudadanos e instituciones u organizaciones interesados nos podamos sumar a tales esfuerzos.
Un modelo a seguir, es la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que han creado bancos de alimentos, para canalizar hacia grupos de la población en condiciones de hambre los alimentos que estén próximos a perecer en centrales de abastos, mercados, supermercados y otras fuentes grandes generadoras. Dichos bancos desde la década de 1990 operan en México como una red que involucra en el proceso de preparación y distribución de las despensas a individuos que viven en situaciones de pobreza creándoles fuentes de empleo.
La logística de operación de los bancos sociales de alimentos, constituye un excelente marco de referencia para constituir otro tipo de organismos en los que se conjunten esfuerzos de integrantes del sector social, privado y público para dar acceso, en el caso de pequeñas ciudades y pueblos, comunidades rurales y costeras dañados, a materiales de construcción y bienes indispensables (como estufas y refrigeradores).
Adicionalmente, debieran constituirse grupos que contribuyan a diseñar viviendas sustentables desde la perspectiva de utilización de materiales apropiados a las distintas zonas o circunstancias, con diseño ecológico y aplicación de tecnologías accesibles para obtener energía solar, capturar agua de lluvia, reciclar el agua post consumo, compostear excretas, así como restos de alimentos y de jardinería, a ser utilizados en huertos de traspatio o azoteas verdes. Lo cual implicaría actividades de capacitación y acompañamiento técnico.
Las instituciones educativas podrían incluir en sus programas de extensión actividades de asistencia técnica a comunidades afectadas en caso de desastres, como las antes descritas.
No menos importante es la contraloría social como la prevén diversos ordenamientos a nivel estatal y municipal, para que se organicen brigadas de ciudadanos de las localidades a apoyar, a los que se les entrene para que supervisen la operación de los mecanismos de transferencia de recursos con transparencia y equidad.
Sería conveniente lanzar una campaña cuyo lema sea “Adopte una comunidad, familia o establecimiento afectados por los sismos e inundaciones a apoyar”.
Bienvenidas sus opiniones al respecto
Cristina Cortinas
Las instituciones educativas podrían instituir permanentemente programas de extensión dirigidos a canalizar su apoyo para los fines antes mencionados, que requerirán de asesoría jurídica, financiera y técnica, así como programas de difusión de información, capacitación y organización ciudadana.
