Amig@os,
México, como el resto del mundo, atraviesa una grave situación económica y social como resultado de la pandemia-COVID-19. Ello sin haber resuelto los graves problemas de desigualdad, pobreza, hambre, falta de empleo, inequidad de género y contaminación ambiental por residuos, particularmente plásticos y de la construcción, cuya generación no deja de crecer.
A pesar de contar desde hace 16 años con una legislación basada en la prevención de la generación, el aprovechamiento y valorización de los residuos, y desde hace 7 años con una norma oficial mexicana obligatoria para establecer planes de manejo de residuos de manejo especial, incluidos los plásticos de un solo uso y los residuos de la construcción, no se verifica su cumplimiento ni se sanciona a quien la viola reiteradamente.
Dicha legislación establece la responsabilidad compartida entendida como:
“Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social”.
A fin de contribuir al proceso de revisión con fines de mejora de la legislación citada, así como a la integración con la participación de todos los grupos de interés, de la legislación general de economía circular, preparé la presentación anexa que agradeceré me ayuden a difundir.
Bienvenidas sus opiniones al respecto
Cristina Cortinas
